Al Congreso Nacional no le faltará actividad política en esta semana corta. A las tratativas por el inminente ingreso de la nueva “ley de Bases”, al oficialismo se le sumará la puja por el reparto de bancas en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde buscará arrebatarle la mayoría al kirchnerismo. Será un desafío para Martín Menem y su tropa, quienes tendrán que defender la nominación de Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario que carga con acusaciones en la Justicia y es cuestionado por la oposición dialoguista.
Si el oficialismo pretende evitar que Unión por la Patria (UxP), que conserva la primera minoría, se quede con dos de los tres lugares en juego por la Cámara baja, es preciso que el titular de Diputados afine el diálogo con los bloques amigos de Pro, UCR y Hacemos Coalición Federal. El peronismo hoy retiene la mayoría de los auditores que representan al Senado así como la presidencia, en manos del exfuncionario de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos.
Según pudo saber LA NACION de fuentes del oficialismo, el Gobierno planea cederle a Pro una de las vacantes con el objetivo de quitarle al kirchnerismo el dominio total dentro del órgano de control. Esta entidad se encarga de la auditoría externa de la administración pública y, entre otras funciones, fiscaliza las operaciones de endeudamiento, los balances del Banco Central y el cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado. El control interno del Estado está a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), donde Javier Milei ubicó a Miguel Carlos Blanco, un alfil del Presidente que hoy lleva adelante la confección del informe “el escáner del Estado”, por el que la administración libertaria pretende exponer las irregularidades del gobierno anterior.
A pesar de que actualmente las cuentas que se auditan son las de los Fernández, la Casa Rosada sabe que eventualmente también le llegará el turno a su administración. Por eso, buscan llenar los espacios con personas de su máxima confianza.
El apoderado nacional del frente La Libertad Avanza, Santiago Viola, es el elegido del Gobierno para ocupar ese lugar. Lo impulsa la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien mueve los hilos políticos dentro de la configuración libertaria y trabaja, junto a Eduardo “Lule” Menem, para consolidar la estructura del partido en todo el país.
Tal como detalló LA NACIÓN, Viola es un abogado penalista que enfrentó acusaciones por plantar testigos falsos contra el juez Sebastian Casanello (por las que fue sobreseído), que representó a uno de los hijos de Lázaro Báez y que fue elegido por Rodolfo Canicoba Corral como interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuando se investigaba a Omar “El Caballo” Suárez. En 2018, el letrado embistió con su auto a otro y, producto de este accidente, un hombre murió. Si bien fue detenido por homicidio culposo, fue rápidamente liberado. Este repertorio le valió las críticas de la oposición, que cuestionó su nombramiento como apoderado de LLA.
Si bien una distribución de lugares por D’Hont beneficiaría al kirchnerismo, la letra chica de la ley -24.156- que regula este procedimiento no especifica qué sistema de reparto utilizar en la conformación del organismo. No obstante, solicita “observar” la composición de cada una de las Cámaras. Esta vaguedad podría beneficiar a Pro, tercera fuerza en Diputados, que por el momento baraja dos nominaciones: la del legislador nacional Luciano Laspina y la del exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
El kirchnerismo, en tanto, ocupa actualmente dos lugares por la Cámara baja y pretende renovarlos. Fuentes cercanas al bloque que lidera el santafecino Germán Martínez aseguraron a LA NACION que todavía no hubo diálogo con otros espcios al respecto. Tampoco se barajaron nombres. “Estos temas nunca se debaten, siempre los definen los dos o tres jefes más importantes de cada partido. Nada que tenga importancia se define en asamblea”, analizó un experimentado dirigente peronista.
Los tres auditores que dejarán sus puestos son Gabriel Mihura Estrada, abogado de estrecha confianza de Sergio Massa y exapoderado del Frente Renovador; Juan Forlón, expresidente del Banco Nación cercano a Cristina y Máximo Kirchner, y Jesús Rodríguez, histórico dirigente radical.
Las chances de la UCR de retener el lugar que deja vacante son remotas. La estrategia que se baraja en el bloque liderado por Rodrigo de Loredo es trabar una alianza con el espacio de Miguel Ángel Pichetto, con 22 legisladores, para ganar peso en la Cámara y despojar a Pro de la posibilidad de nombrar un auditor. En ese esquema, el nombre del exdiputado nacional Mario Negri surge como la pieza aglutinante del pacto.
El partido centenario, no obstante, también mostró fisuras en este tema. Según trascendió, De Loredo, apuntalado por algunos gobernadores, considera la posibilidad de nominar al secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace, como auditor. De todas maneras, el exlegislador puntano no contaría con los avales suficientes para imponerse en esta pulseada.