El escándalo por los millonarios negociados con los seguros en la ANSES, que destapó Clarín hace dos semanas y ya puso bajo la mira judicial al expresidente Alberto Fernández, funcionarios de su confianza y un grupo de brokers, empieza a tener sus réplicas en el interior del país, más precisamente en Concordia, una de las ciudades más pobres de la Argentina. Es que allí investigan un extraño contrato con un representante de seguros que fue nombrado “ad honorem”, pero terminó embolsando más de 20 millones de pesos en comisiones.
Según informó el Diario Junio, de esa provincia, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación de oficio sobre la contratación de parte de la municipalidad de Concordia por los servicios del asesor de seguros Ignacio Caprarulo quien ya se había desempeñado como tal desde el año 2019 al 2023.
Por una ley provincial que data de 1971, en Entre Ríos todo lo estatal está obligado a contratar seguros, de cualquier tipo, con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro. Eso, a su vez, está refrendado en un decreto del año 2000, lo que hace a la contratación de un tercero como algo improcedente. Sin embargo, el broker Caprarulo -marcan en la investigación- se las ingenió para ser el primer asesor de seguros del municipio de Concordia.
Es más, de acuerdo a lo publicado por el mismo medio, el intermediario comisionó más de 20 millones de pesos sólo en el 2023 hasta que el mismo exintendente Enrique Cresto, a poco de terminar su mandato, prescindió de sus servicios «ad honorem» y en la misma calidad designó a un broker de Buenos Aires.
La actual gestión del intendente Francisco Azcué, de Juntos por el Cambio, se hizo eco del escándalo y aclaró que desde el 10 de diciembre de 2023 no se pagó ninguna comisión al operador en cuestión e informaron que ya no trabajan con ese intermediario.
«El Departamento Ejecutivo se puso a disposición de la Justicia desde un primer momento y remitió a la Fiscalía toda la documentación requerida, la cual evidentemente busca poner la lupa sobre las contrataciones llevadas adelante en la anterior gestión de gobierno. Por todo ello, entiendo puedo desmentir categóricamente que esta gestión -que comenzó el 10 de diciembre del 2023- esté siendo investigada, solo se nos pidió colaboración y se ha brindado la misma», informó el subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Ignacio Del Valle.
Y agregó: «Aparentemente, durante muchos años la designación de Asesor de Seguros se hizo de manera poco clara y sin darle la debida publicidad que todo acto administrativo le corresponde, procedimiento con el que no estamos de acuerdo y por ello hemos decidido dar a conocer a la sociedad los pormenores del caso».
La noticia de la investigación trasciende, en paralelo, al escándalo de los seguros que se disparó tras el despido de Osvaldo Giordano de ANSES, eyectado de su cargo por el voto en contra de su pareja a la Ley Ómnibus. El cordobés había detectado millonarios pagos a intermediarios de seguros por créditos del organismo previsional a jubilados.
Esa transferencia se había producido luego de un decreto de Alberto Fernández que obligaba a todas las dependencias estatales a contratar seguros a través de Nación Seguros, que a su vez operaba con los brokers Héctor Martínez Sosa (casado con la secretaria privada del expresidente) y Pablo Torres García, que cobraban una comisión muy superior del mercado. La caja negra detectada por Giordano y revelada públicamente Clarín era un negocio de 20.000 millones de pesos.
El broker Pablo Torres García (cercano a Massa), por poner un ejemplo, se llevaba una comisión de 17%, tres veces mayor a la del mercado, que le redituaba en $300 millones mensuales, por hacer de “puente” entre dos organismos del Estado.
Los seguros de los créditos de ANSES fueron la punta de un iceberg que tuvo ramificaciones en diferentes organismos del Estado y también en provincias, como Tierra del Fuego, donde Martínez Sosa recaló. Ahora, un modo de operar similar se registró en Concordia, que supo ser hasta hace poco la ciudad más pobre del país, con 58 por ciento de pobres, superada en las últimas mediciones de 2023 por Gran Resistencia, con 60 por ciento.
Ahora, en Entre Ríos, los fiscales José Arias y Daniela Montangie buscan reconstruir los pasos de los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Caprarulo, tanto durante la gestión de Enrique Tomás Cresto como de Francisco Azcué.
Cresto, que ocupó un cargo a nivel nacional durante la administración de Alberto Fernández (fue administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), contrató al broker a través de una resolución, que no habría sido publicada, a diferencia de lo que hizo el actual intendente, que lo formalizó mediante un decreto en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Concordia.
Sobre esto último, la actual gestión aclaró que eso se hizo «buscando dar continuidad a los actos de gobierno para evaluar la conveniencia o no de su practicidad y necesariedad», por lo que se acudió a continuar con el asesoramiento «ad honorem, es decir, de manera absolutamente gratuita».
«El IAPSER, en esta misma lógica, tampoco abonó comisiones a dicho asesor a partir de esa fecha. Por ende, el servicio ha sido sin ningún tipo de costo para el erario público durante la nueva gestión.
El decreto dictado hace algunas semanas por la administración Azcué, señalaron, «tuvo como único objetivo evitar que el personal municipal quedase sin ART o el parque automotor y otros bienes municipales desamparados, mientras se avanzaba en las conversaciones con el Instituto del Seguro para que la contratación de pólizas vuelva a ser en forma directa, hecho éste que ha sucedido días atrás y, por ende, se ha dado por finalizada nuestra vinculación con el asesor mediante el dictado de un nuevo decreto rubricado por el Sr. Intendente»
La Justicia investiga si Cresto y Azcué dispusieron la intervención previa organismos de control o algún tipo de dictamen legal que avalara la contratación del hombre de los seguros, cuyo rol era ad honorem, pero igual cobraba comisiones.
Según informan en Entre Ríos, tras la publicación en medios del contrato con el broker y la difusión del cobro de comisiones, desde el Instituto del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) se habrían revocado los pagos. De acuerdo al Diario Junio, una versión afirma que en la Municipalidad habrían resuelto dar marcha atrás con el contrato, pero eso no fue comunicado oficialmente aún.