Un extenso listado de aseguradoras que figuran en un informe que Nación Seguros SA entregó a la justicia federal, se encuentran bajo investigación en la causa que bucea en las maniobras irregulares con brokers vinculados a Alberto Fernández. El juez Julián Ercolini requirió, a través de órdenes de presentación, que 27 empresas entreguen los contratos celebrados con organismo estatales. Con esta medida los investigadores buscan determinar si hubo más empresas involucradas que las que ya se conocieron en el marco del expediente que tiene como principal imputado al ex presidente.
El expediente judicial se concentra en una presunta maniobra fraudulenta, que habría generado un perjuicio multimillonario al Estado, a raíz de la normativa que impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA”.
La trama de la contrataciones bajo sospecha, reveladas a través de una publicación del diario Clarín, expone que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES, que resultó beneficiado con una comisión del 17%, lo que representaría un valor que triplica los del mercado. El intermediario es Héctor Martínez Sosa, marido de la ex secretaria de Fernández.
Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los 300 millones de pesos mensuales y 20.000 millones de pesos anuales.
Fue en el marco de ese expediente que el juez Ercolini, por pedido del fiscal Ramiro González, pidió a Nación Seguros SA una copia de la totalidad de las contrataciones de seguros o convenios celebrados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones y entidades, que hayan participado en forma de coseguro o reaseguro a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguro.
Dentro de la información recibida por el juzgado federal, se encontraban las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculan con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de dichas contrataciones.
Así fue que el magistrado obtuvo un detalle de la nómina de empresas aseguradoras que intervinieron en la asignación de pólizas en créditos otorgados por la ANSES. El juzgado pidió información, además sobre la nómina de los productores asesores de seguros (directos u organizadores) que participaron en las operaciones.
La investigación, en este punto específico, busca determinar si más aseguradoras intervinieron en la presunta maniobra defraudatoria.
Hasta ahora, junto al ex presidente Fernández, están imputados en la causa Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.
La justicia federal no descarta que el número de aseguradoras involucradas en la maniobra que dio origen a la causa, se incremente ya que de la pesquisa surge -hasta el momento- una nómina de productores de seguros que fueron designados por diversas entidades estatales, para operar con Nación Seguros SA.
Con toda la información obtenida, el juzgado avanzará en el entrecruzamiento de la información respecto a esos contratos, también un análisis de los porcentajes que se percibieron, los valores de mercado y sobre todo, ver si hay algún tipo de vínculo entre las aseguradoras informadas por Nación Seguros SA.
Bajo investigación está la hipótesis de una “organización delictiva en cuyo marco se habría detectado una presunta indebida intervención de intermediarios -tanto de personas físicas como jurídicas- en los convenios de seguros celebrados entre diversos organismos y entidades de la administración pública y la firma Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Pagliano”, se informó.
Nueva imputación
En una segunda causa, vinculada a los mismos hechos pero iniciada tras la denuncia de la actual ministra de Capital Humano -Sandra Petovello-, el ex Presidente sumó una nueva imputación.
También terminaron acusados por el fiscal Ramiro González, el ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, Federico D´Angelo, Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A.
La gestión de Javier Milei sostiene que con la maniobra de contratar intermediarios, se ocasionó un «perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”.
La denuncia indica que las «coberturas de seguros con Nación Seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público».
En este sentido, se planteó que ANSES pagó a Nación Seguros -como resultado de estas maniobras sospechosas- entre marzo de 2022 y octubre de 2023 casi 10.000 millones de pesos nominales. Esta información surgió de un informe técnico de la nueva gestión de la ANSES, a partir de la cual se resolvió no renovar la operatoria oportunamente aprobada por el Convenio Interadministrativo aludido”.