El juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), concluyó tras varias jornadas marcadas por la revictimización de Jenni Hermoso, la jugadora que denunció haber recibido un beso no consentido durante la premiación del Mundial Femenino de 2023. La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para Rubiales, acusado de agresión sexual y coacciones.
Lamentable revictimización en el proceso judicial
Durante el proceso judicial, la declaración de Jenni Hermoso fue clave. La jugadora ratificó que el beso no fue consentido y que sufrió presiones para minimizar lo ocurrido. Sin embargo, su testimonio fue puesto en duda en reiteradas ocasiones, lo que ha sido señalado como un caso de revictimización; la moneda corriente en causas por violencia de género. La fiscal Marta Durántez criticó esta actitud al señalar que “no se puede exigir a una víctima que reaccione de una manera específica para que su testimonio sea creíble”.
Uno de los momentos más polémicos del juicio fue cuando la defensa de Rubiales intentó desacreditar a Jenni Hermoso cuestionando su reacción tras el beso, sugiriendo que si realmente se sintió agredida, debió haberlo manifestado de inmediato. Además, se expusieron conversaciones privadas y se intentó mostrar imágenes donde la jugadora aparece sonriendo después del incidente, como si eso invalidara su testimonio. También se presentaron declaraciones de personas cercanas a la Federación que minimizaron los hechos, reforzando la idea de que Hermoso exageró o malinterpretó la situación. Estos intentos de deslegitimar a la víctima reflejan un patrón de revictimización común en casos de violencia de género, donde se pone el foco en la conducta de la afectada en lugar de en la del agresor.
Complicidades y encubrimiento machista
Además de Rubiales, otros tres exdirectivos de la RFEF enfrentan cargos por coacciones, ya que, según la acusación, intentaron manipular a Hermoso para que defendiera públicamente al expresidente. Junto a Rubiales se sientan en el banquillo de los acusados el exdirector de la selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones.
El juicio desnudo una cultura de encubrimiento y presiones dentro de la federación, donde se buscó proteger a Rubiales en lugar de garantizar justicia para la jugadora, con testimonios claves que confirmaron cómo altos mandos de la federación intentaron proteger a Rubiales en lugar de respaldar a Hermoso. En este sentido, uno de los testigos clave fue Pablo García Cuervo, exdirectivo de la RFEF encargado de comunicación, reveló que se organizó una estrategia para presionar a la jugadora y convencerla de que declarara públicamente que el beso había sido consentido. Otro ejemplo que confirma la coacción a la jugadora fue el testimonio de la ex jefa de prensa de la sección femenina dentro de la RFEF, Patricia Pérez, quien fue unas de las primeras en declarar y que desnudo el “modus operandi” dentro de la federación, con amenazas, “encerronas”, e intento de coacción. Además, se presentaron pruebas de mensajes y reuniones en las que se buscaba minimizar el impacto mediático del caso, mostrando cómo la institución actuó para salvaguardar la imagen de su presidente antes que garantizar justicia. Estos testimonios han evidenciado una cultura de impunidad y encubrimiento que no es nuevo dentro del fútbol español, reforzando la necesidad de cambios estructurales profundos.
El impacto del movimiento #SeAcabó
El caso ha generado un fuerte impacto social y ha impulsado el movimiento #SeAcabó, que denuncia el machismo estructural en el deporte. Este fenómeno ha trascendido el fútbol, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en distintos ámbitos.
La sentencia del juicio se espera en los próximos días y marcará un precedente en la lucha contra el abuso de poder y la violencia machista en el deporte.
Más allá de la sentencia, el caso Rubiales ha dejado en evidencia la urgencia de implementar protocolos de género efectivos en el deporte que no solo castiguen las agresiones, sino que también protejan a las víctimas y eviten su revictimización. Es fundamental que estos protocolos incluyan contención psicológica para quienes denuncian, comisiones independientes de la dirigencia de los clubes y federaciones para garantizar investigaciones imparciales y evitar encubrimientos, y programas de formación con perspectiva de género que trabajen en la prevención, promoviendo un cambio cultural dentro del fútbol y el deporte en general. Sin estructuras que garanticen justicia y espacios seguros, la impunidad seguirá vigente y los abusos continuarán repitiéndose. El desafío no es solo que estos hechos se castiguen, sino que dejen de ocurrir.