El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) fijó fecha para el inicio del juicio contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, todos ellos procesados por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Cristina Kirchner. El 26 de junio comenzará el debate oral y público donde la ex vice será citada a declarar como testigo.
Sin considerar que el caso tenga vinculación con ninguna organización política ni elementos para sostener que hubo un financiamiento externo, en junio del año pasado la jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por cerrada la investigación y mandó a juicio oral el caso por el atentado contra ex vicepresidenta de la Nación.
El caso quedó en manos del Tribunal Oral Federal 6, el único que no tiene jueces titulares. y que en este momento está integrado por tres subrogantes: Adrián Grunberg, Sabrina Namer e Ignacio Fornari. La fiscal ante el TOF 6 es Gabriela Baigún.
Después de admitir un extenso listado de testigos -encabezado por Cristina Kirchner-, y una batería de medidas de pruebas complementarias a lo realizado durante la instrucción a cargo del fiscal Carlos Rívolo, el caso por el intento de homicidio a la ex Presidenta, tiene fecha de juicio.
En este expediente los únicos detenidos y procesados, son: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo se encuentran acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.
El TOF 6 aceptó a más de 200 testigos requeridos por el Ministerio Público Fiscal, donde se incluye al jefe de la custodia de la ex vice, Diego Carbone, como también a sus secretarios privados que estaban ese día acompañándola.
Las medidas de prueba suplementarias incluyen otro análisis sobre el celular e Sabag Montiel «con el objeto de recuperar la información que pudiera haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo electrónico», sostiene la resolución del TOF 6.
Asimismo, se requirió que la División Central Operativa de Video remita la totalidad de los registros fílmicos vinculados a los operativos realizados en el marco de la causa, como los registros obtenidos el día 1 de septiembre de 2022 por el personal policial que se encontraba en las inmediaciones del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.
La justicia también quiere contar con los sumarios administrativos iniciados desde el Ministerio de Seguridad -de quien depende la Policía Federal y el área específica destinada a la custodia-, el estado de esas actuaciones y todo lo realizado.
Respecto a los tres imputados en este caso, se pidió al Registro Provincial de Armas (REPAR) que informe si Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo «se encuentran inscriptos como legítimos usuarios de armas de fuego en cualquier categoría o si alguna vez lo estuvieron».
Entre las medidas que pidió la fiscal de juicio y rechazó el Tribunal, se encuentra el requerimiento de sumar los testimonios extraídos en la presente causa para continuar con la pesquisa en relación con algunas de las hipótesis introducidas… orientadas a comprobar la existencia de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales de la maniobra investigada”.
La queja de Cristina Kirchner
Sobre este punto, el TOF 6 entendió que no guarda relación con el objeto procesal del caso que se concentra en los tres jóvenes procesados y detenidos señalados como los responsables de haber querido atentar contra la vida de Cristina Kirchner.
Hay que recordar que la ex vicepresidenta criticó y rechazó la elevación a juicio del caso, haciendo referencia a un informe que el juez Martínez De Giorgi envió al fiscal Rívolo donde, después de analizar un drive con una gran cantidad de información de Jonathan Morel -referente de la agrupación Revolución Federal investigado en su juzgado por supuesta incitación a la violencia política-, se concluyó que no hay nada que pueda vincular a dicho espacio con los acusados en el caso del atentado.
Al respecto, la jueza Capuchetti, señaló que las medidas de prueba solicitadas por la querella «se vinculan en su totalidad a cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan» con los imputados por el atentado.
Los abogados de Cristina Kirchner se centraron en el análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre la cuenta de Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de la agrupación Revolución Federal.
Frente a las críticas sobre una “decisión de no investigar” esa conexión -para Cristina evidente, para Rívolo y la jueza inexistente- Capuchetti indicó que “se realizó un análisis sistematizado de las diligencias sustanciadas para esclarecerlas y del puerto al que arribaron muchas de estas hipótesis”, agotando así las medidas a realizar sobre el eje de este caso: determinar a los autores materiales del atentado.
Cuando el caso fue elevado a juicio oral, la magistrada respondió a la crítica de Kirchner: “Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
A ese planteo el fiscal Rívolo había sumado otro: toda la información analizada, incluida la de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) «da cuenta que los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado».
En reiteradas ocasiones, la defensa de Cristina Kirchner insistió en la intencionalidad política del atentado, señalando que debe investigar a «quienes estaban detrás de los atacantes» financiando el atentado. La justicia no encontró ninguna prueba que respalde este criterio.
Ahora, el juicio sólo se concentrará en la responsabilidad material de los tres jóvenes que de forma coordinada, buscaron atentar contra la vida de la ex vice.