Aún hoy las mujeres en Argentina enfrentan múltiples barreras que ponen en riesgo su autonomía económica, que es la base de la desigualdad de género. Algunas de estas barreras son la menor participación en el mercado laboral, el desempleo, la informalidad, la sobrerrepresentación en sectores feminizados que ofrecen menores ingresos o la subrepresentación en los cargos jerárquicos. Una de las consecuencias más graves es la feminización de la pobreza, la otra, la violencia.
Son algunas de las conclusiones del informe Perfil País Argentina 2024 que ONU Mujeres presentó este lunes en la Alianza Francesa de Buenos Aires en el marco del Día Internacional de las Mujeres y bajo el lema “Por y para todas las mujeres y las niñas: Derechos, igualdad y autonomía”.
El Perfil es un diagnóstico que analiza las desigualdades actuales más relevantes entre varones y mujeres, en base a los cuatro temas: la organización social de los cuidados, la situación económica y la pobreza, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y la violencia contra las mujeres.
“A través de este informe quisimos transformar datos en información, información en conocimiento y poner a disposición el conocimiento para impulsar el diálogo entre distintos actores claves para promover políticas y acciones basadas en evidencia que promuevan el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres”, dijo Magdalena Furtado, oficial a cargo de ONU Mujeres en Argentina y quien estuvo al frente de la presentación.
El informe resalta especialmente el tema de la deuda con respecto a la autonomía económica que sufren las mujeres en general, que tiene como principal consecuencia la feminización de la pobreza. La brecha de pobreza entre varones y mujeres es elevada –de casi 10 puntos– entre los 25 y 44 años, momento en el que las mujeres están en edad reproductiva o a cargo de niñas, niños y adolescentes.
Las mujeres son también mayoría entre las personas en pobreza extrema. En 2023, cada 100 varones en condición de pobreza extrema había 109 mujeres. El porcentaje de mujeres de más de 15 años sin ingresos propios oscila entre el 21% y el 26%, mientras que en el caso de los varones de las mismas edades entre el 16% y el 22%.
El trabajo cita un reciente estudio de ONU Mujeres y CEPAL que advierte sobre la vulnerabilidad financiera en la que se encuentran 1,1 millones de hogares monomarentales en el país, ya que siete de cada diez familias encabezadas por mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo recurren al financiamiento para cubrir necesidades básicas como estrategia de supervivencia, y en menor medida, para la compra de bienes de capital o inversiones en emprendimientos productivos.
Las mujeres también piden dinero prestado para pagar deudas previas y dependen en mayor medida de préstamos de familiares o personas cercanas, del fiado en comercios locales y, de forma creciente, de préstamos formales otorgados por las aplicaciones móviles.
Los cuidados
Las mujeres dedican casi el doble de tiempo diario (6:31 horas) que sus pares varones (3:40 horas) a las tareas de cuidados no remuneradas. Por su parte, los varones dedican más horas al trabajo en la ocupación (9:06 horas versus 7:34 las mujeres). Al sumar el tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado, se ve que las mujeres trabajan más horas diarias (9:20) que los varones (8:38).
Casi siete de cada diez adolescentes de entre 15 y 17 años realizan trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Sin embargo, las adolescentes son quienes asumen mayoritariamente estas responsabilidades (78%), en comparación con los varones de su edad (54%). Esta situación se agrava en hogares monomarentales o cuyos progenitores trabajan muchas horas fuera de casa, o cuando no se cuenta con los recursos económicos para contratar servicios remunerados de cuidados.
Para las mujeres de los barrios populares la situación es aún peor. Ellas destinan en promedio más de 12 horas y 24 minutos a los trabajos no remunerados. Esta dedicación se debe, por un lado, a que las mujeres de barrios populares no cuentan con los recursos necesarios para tercerizar las responsabilidades de cuidado y, por otro lado, a la carga horaria destinada al trabajo comunitario, por ejemplo, en comedores barriales.
Según los cálculos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, en 2022 el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaron un 16,8% del PBI de Argentina, lo que posiciona a este sector como el que más aporta a la economía del país, seguido por el comercio y la industria.
La violencia estructural
La violencia contra las mujeres en Argentina es uno de los problemas más graves, estructurales y persistentes que afecta todas las edades, clases sociales y regiones. El informe cita la última encuesta realizada por la Iniciativa Spotlight que sostiene que el 45% de las mujeres en Argentina atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico, siendo la expareja la principal figura agresora. Entre quienes atravesaron situaciones de violencia de género a lo largo de su vida, solo el 21% manifestó haber denunciado.
Según los datos más actualizados de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio. Un 88% de las víctimas mantenían una relación previa con el agresor: en la mayoría de las situaciones (64%) dicha relación era de pareja o expareja.
Las mujeres, lejos de las decisiones
Con respecto a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, sostiene el informe que uno de los ámbitos donde se agudiza más el techo de cristal es la justicia. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestra que, a pesar de que las mujeres representan el 57% del total del plantel, en los rangos más altos (ministra, defensoras y procuradoras generales) ocupan solo el 29% de los cargos y a nivel de magistradas, defensoras, procuradoras o fiscales, son el 46%. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 100% de ministros en funciones son varones.
Y si bien Argentina tiene leyes de cupo y paridad en el ámbito político, actualmente ninguna mujer ocupa el cargo de gobernadora en el país y en el caso de los municipios, el porcentaje de intendentas para el periodo 2023-2027 es apenas del 15%.
Retroceso y recomendaciones
El análisis reitera «el carácter estructural de las desigualdades que enfrentan las mujeres y la necesidad de seguir profundizando en políticas». Pero plantea los retrocesos en cuanto a las políticas de género: «Desde el retorno a la democracia en Argentina, el área rectora de las políticas de género experimentó distintos cambios de jerarquía dentro del Estado, pasando de ser un programa de Promoción de la Mujer y la Familia en 1983, una Subsecretaría de la Mujer en 1985, un Consejo Nacional de la Mujer en 1992, un Instituto Nacional de las Mujeres en 2017 y, en diciembre de 2019, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD)».
«En diciembre de 2023 se disolvió el MMGyD, y las responsabilidades relacionadas con el género se transfirieron primero al Ministerio de Capital Humano y, en agosto de 2024, a diferentes áreas del Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos. En este contexto, se redujeron o eliminaron numerosas políticas y programas dedicados a abordar la igualdad de género y la violencia contra las mujeres«, detalla.
Esta contracción va en dirección contraria al primero de los acuerdos alcanzados por distintos países de la región en la última Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en diciembre de 2024, donde se instó a fortalecer la institucionalidad y la arquitectura para el logro de la igualdad de género.
Entre las recomendaciones, se pide contar con «un Mecanismo para el Avance de las Mujeres nacional con alta jerarquía institucional, presupuesto y personal suficiente, y participar en el Gabinete Nacional para tener capacidad de incidencia y promover la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno». También «avanzar hacia un Sistema Integral de Cuidados, basado en la protección social como pilar que garantice los derechos de las personas que requieren cuidado y cuidan».
Para reducir las brechas de género económicas, una de las recomendaciones es «promover la participación y el ascenso de las mujeres en los sectores más productivos y mejor remunerados de la economía, especialmente en el sector tecnológico, industrial o energético, a través de mecanismos de acción afirmativa, incentivos fiscales u otros». Y se hace especial mención a la composición de la Corte Suprema, hoy, sin ninguna mujer.
Finalmente, la insistencia sobre la transformación cultural: «las desigualdades de género y sus consecuencias están cimentadas sobre la base de una cultura patriarcal y androcéntrica que produce y reproduce, históricamente, los estereotipos y roles asignados a cada uno de los géneros. Las políticas públicas tienen un rol fundamental para impulsar una transformación sociocultural que deconstruya estos cimientos y garantice un cambio hacia una sociedad igualitaria».
Además de Furtado, en la presentación participaron Verónica Baracat, coordinadora del programa país de ONU Mujeres, Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA); Giselle Petraglia Romano, Directora Ejecutiva de Fundación FLOR; Pablo Vinocur, Director del Posgrado en Desarrollo Humano de FLACSO Argentina y Claudia Martínez, Secretaria de la Mujer del Gobierno de la provincia de Córdoba.