La confianza ciega del Gobierno en que podrá aprobar sin demasiados cambios la reversionada Ley ómnibus contrasta con la cautela de los mandatarios provinciales y de los jefes de bloque opositores que por ahora solo conocen los títulos de la norma de 200 artículos y el paquete fiscal. Los delegados de Javier Milei prometieron a los mandatarios provinciales que les enviarían este semana el proyecto completo de la norma.
«Estoy convencido que la Ley Bases se va a aprobar tal cual la estamos planteando”, sentenció Francos este sábado en declaraciones a radio Mitre, un día después de recibir junto al jefe de Gabinete a los gobernadores en la Rosada.
Sin embargo, las espadas legislativas de la oposición más dialoguista consignan que para avizorar el futuro de la norma es necesario primero conocer el articulado de la mega-ley. “Hasta que no veamos el proyecto, todos hablamos en el aire y puede volver a ocurrir lo que pasó en la votación particular”, se sinceró una de las espadas legislativas del PRO.
Los gobernadores más colaborativos con la Casa Rosada reclaman que el Gobierno no repita errores y afine la negociación en el Congreso para evitar llevarse sorpresas, porque el peso de los mandatarios provinciales en la Cámara Baja es acotado.
El Ejecutivo tomó nota parcialmente y entre el jueves y el viernes pasaron por el despacho de Francos, los jefes de bloque del PRO, Cristian Ritondo; Rodrigo de Loredo, de la UCR; y Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal. Los últimos dos no pueden garantizar que sus diputados -de diferentes extracciones- acompañen algunos de los puntos más sensibles del proyecto. Escucharon las mismas explicaciones el asesor estrella del Presidente Santiago Caputo y el presidente de la Cámara Baja Martín Menem.
Los gobernadores patagónicos siguen abroquelados en su negativa de aceptar la reinstalación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. El rionegrino Alberto Weretilneck reveló que el piso del que se habló en la reunión con Posse y Francos es de $1.500.000. “Nos oponemos contundentemente, lo hemos dicho en las reuniones previas y lo ratificamos para que no quede ninguna duda”, reiteró.
La reversión de Ganancias divide a los mandatarios provinciales. Para algunos, el coeficiente coparticipable mensual equivale a dos masas salariales y tiene un costo político igual a cero, porque en sus distritos -a diferencia de lo que ocurre en las provincias patagónicas- son muy pocos los trabajadores alcanzados por el impuesto.
“Es casi increíble que los que más piden recursos no estén dispuestos a asumir costos políticos en la Ley de Ganancias”, se quejó un gobernador de uno de los distritos más ricos del país.
El tiro por elevación parecía digerido a Axel Kicillof que no acompañará la iniciativa oficial. “Fue la misma reunión que ya habíamos tenido, pero con buenos modales. Otra vez hay una ley ómnibus por Ganancias, una ley que no tiene nada bueno para las provincias a cambio de recursos que salen de los bolsillos de los trabajadores”, señalaron en el círculo íntimo del gobernador bonaerense.
Para el jefe de bloque de LLA, Oscar Zago, que no fue invitado a las reuniones con el resto de los jefes de bloque, el regreso de la cuarta categoría -que afectaría a casi un millón de personas- “está verde”.
El cordobés Martín Llaryora y sus pares del centro productivo -Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos- celebraron la eliminación de la suba de retenciones que figuraba en el capítulo fiscal apartado del fracasado proyecto original. Santa Fe, por ejemplo, espera que la Nación le pague $600 millones que le debe solo por la caja de jubilaciones.
Weretilneck, que a pesar de sus quejas se mostró confiado en que habrá consensos, también explicitó que el Gobierno planea compensar a los jubilados con un adicional de 10 puntos antes de la actualización de la fórmula que el Gobierno quiere indexar por inflación. Ese punto amenaza con convertirse en una de los reclamos más fuertes del peronismo y de la UCR, porque los haberes jubilatorios mínimos perdieron 27,8 puntos en los primeros dos meses del año.
Cristina Kirchner ya se mueve para juntar voluntades en otros sectores de la oposición y presentar una fórmula propia. La Coalición Cívica amenazó con el mismo camino en febrero. La ex presidenta ya anunció en febrero que está en contra del régimen especial de protección para grandes inversiones que el Gobierno quiere sancionar a toda costa. Las privatizaciones son otro tema espinoso.
A pesar de que en la Rosada señalan que no hay otra alternativa para aliviar a las provincias más que una reversión de Ganancias, en la comisión económica que presidirá el secretario de Hacienda Carlos Guberman con los ministros de Economía de las provincias se estudiarán otras posibilidades. Allí se analizarán otras propuestas de los gobernadores, como poner toda la masa del fondo de los ATN (que equivale al 1% de la coparticipación) dentro de los recursos coparticipables; que se paguen deudas del consenso fiscal de 2017 y compensar deudas que tienen las provincias con la Nación para que sea un juego que tienda a la suma cero.