Los gobernadores no se llevaron 2 páginas de su excursión del viernes en la Casa Rosada con los títulos de la nueva (vieja) y más reducida ley ómnibus, como había trascendido. Se llevaron una más. La tercera hoja membretada de jefatura de Gabinete detalla los planes del Gobierno para las empresas públicas.
“Fue un movimiento casi coreografiado”, relató un mandatario provincial de JxC. “Les vamos a entregar una carpeta”, dijo el jefe de Gabinete Nicolás Posse, micrófono en mano, después de romper el hielo y de cederle la palabra al ministro del Interior Guillermo Francos. En ese momento apareció la carpeta con las tres páginas.
En las primeras aparecían los títulos de la ley ómnibus, que adelantó este diario, y el paquete fiscal. En la tercera los nombres de 13 empresas públicas, agrupados por el destino que Javier Milei y sus colaboradores imaginan para ellas: privatizadas, empresas mixtas o concesiones.
Son muchas menos que las 41 que aparecían en el proyecto original de la Ley Bases y casi la mitad las 27 que el oficialismo logró que se aprobara en la votación general. Sin embargo, cuando el oficialismo decidió levantar la sesión de la votación particular y enviar el proyecto de nuevo a comisión y a fojas cero, el Gobierno se preparaba para recibir un revés estruendoso precisamente en el capítulo de privatizaciones. Poco importó que las espadas políticas y legislativas de LLA argumentaran que el detalle de que las empresas fueran plausibles de privatizaciones parciales o completas no significaba que efectivamente se someterían a ese proceso.
En el primer lote de empresas para ser totalmente privatizadas que el Gobierno comunicó a los gobernadores y a los jefes de bloque aparecen Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A., Radio y Televisión S.E., Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) e Intercargo.
El Gobierno ya no piensa en cederle la Aerolínea de bandera a sus trabajadores. Mientras define cómo liquidar Télam, a pesar de la defensa de sus trabajadores, también quiere privatizar el resto de los medios públicos y YCRT, aunque el interventor de la carbonífera dijo que no cerraría. Los trabajadores de Intercargo, que brinda servicios de rampa y del traslado de pasajeros a las zonas de embarque, realizaron asambleas sorpresivas el viernes en Ezeiza que afectaron los horarios de los vuelos.
Entre las empresas que podrían incorporar un sistema mixto se cuentan el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación (que suman otras 4 firmas); Nucleoeléctrica S.A, que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y la empresa de satélites ARSAT. En el croquis que recibieron los gobernadores no se explicita si el modelo sería como el de YPF, que controla la mitad más uno del paquete accionario.
Completan la nómina las empresas que podrían ser privatizadas o concesionadas: Aysa, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Ferroviaria. S.E y Corredores viales.
Tras la salida de Guillermo Ferraro del ex ministerio de Infraestructura, Posse logró hacerse con dos secretarías sensibles que atañen al nuevo esquema y que no quedaron bajo el paraguas del ministerio de Economía Economía: Concesiones y Telecomunicaciones.
Del listado que el Gobierno quiso aprobar a principios de febrero desaparecieron la Administración General de Puertos, Construcción de Viviendas para la Armada, Empresa Argentina de Aeronavegación, Energía Argentina e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, entre otras. Después de los pedidos de algunos gobernadores se escuchó el de las FFAA.
En la oposición por ahora hay cautela, mientras esperan la letra chica del proyecto. “Los radicales no van a acompañar la privatización del Banco Nación”, se sincera una de las espadas legislativas del PRO que estima a Rodrigo de Loredo, pero sabe que el titular del bloque radical no manda a todos sus correligionarios.
Cristina Kirchner, en cambio, manifestó en conversaciones privadas que estaría dispuesta a admitir la privatización parcial de ese organismo, aunque se cuidó de no hacer públicas esas declaracioness. La ex mandataria menciona la experiencia de la reestatización parcial de YPF como un caso testigo. El titular de la Bancaria y diputado kirchnerista Sergio Palazzo fue el primero en plantar bandera contra cualquier intento de privatización.
La ex jefa de Estado se refirió 14 veces a las privatizaciones en su documento de 33 páginas que difundió a mediados de febrero. Casi siempre para denostarlas. “(El Gobierno) pretende reeditar privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones sin reparar que el mundo que recibió a Carlos Menem como presidente nada tiene que ver con el actual”, escribió la ex mandataria veinte días antes de que el cacique riojano y peronista ascendiera -por orden de Karina Milei– a la estatura de prócer y su retrato luciera en el ex Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.