Por Cecilia Zabala
El Senado de la Provincia de Mendoza le dio la ratificación legislativa a la adenda que el gobernador Alfredo Cornejo firmó con el Gobierno Nacional para destinar los fondos de Portezuelo del Viento a otras obras «para el desarrollo» de la Provincia. Falta un trámite clave. Legisladores del Sur provincial de la oposición votaron en contra.
Este martes la Cámara de Senadores aprobó la adenda que ya tenía la aprobación de Diputados, por lo que Cornejo está a un paso de poder usar U$S1.023 millones para distintas obras, que tendrán que ser propuestas por los intendentes con los respectivos proyectos ejecutivos y evaluadas por el Banco de Inversiones. El criterio -en términos generales- será el repago que puedan generar para lograr un circuito de ingresos para futuras obras.
Así, quedó ratificado por la Legislatura el Decreto del Poder Ejecutivo que aprueba la adenda por los fondos del resarcimiento por la promoción industrial.
Estos fondos son una compensación por los beneficios aplicados por el gobierno nacional mediante los Decretos 804/96, 1125/96 y 69/97. Ese régimen incluyó a provincias como San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza fue excluida; lo que originó la «fuga» de empresas radicadas en Mendoza a otras provincias.
El acuerdo, firmado por el entonces gobernador Julio Cobos, establecía que el destino de esa compensación sería para la construcción de Portezuelo, cuyo proyecto era el más avanzado. Se trata de una megapresa sobre el río Grande, en Malargüe; que por ahora quedará en veremos.
La votación
El proyecto fue aprobado por mayoría de votos: 28 afirmativos y 10 negativos. Al recibir el aval de ambas Cámaras Legislativas, la iniciativa fue remida al Gobierno de la Provincia para su posterior promulgación. Ahora resta el decreto del presidente Javier Milei.
El senador sanrafaelino Martín Rostand de la Unión Mendocina, argumentó en contra de la adenda, señalando que permite al Gobierno disponer libremente de los fondos, lo cual podría derivar en discrecionalidad en su uso. Además subrayó que la cuantiosa indemnización debería ser utilizada para obras estructurales que potencien el desarrollo de Mendoza, especialmente en el sur de la Provincia. Criticó la dispersión de los fondos y abogó por un enfoque más centrado en proyectos de largo plazo.
Mauricio Sat, del Partido Justicialista, y también de San Rafael, expresó que la adenda borra años de historia y acusó al Gobierno provincial de querer disponer de los fondos para sus propios intereses. Destacó además el perjuicio que la promoción industrial causó en San Rafael y defendió la legitimidad del reclamo de Mendoza. Criticó la falta de compromiso del gobierno con la obra de Portezuelo del Viento y cuestionó la integridad de los dirigentes políticos que han cambiado su postura.
En tanto, el legislador sanrafaelino Pedro Serra (PJ) calificó la situación como «la crónica de una muerte anunciada», criticando la politización del proyecto y recordando las promesas incumplidas por parte de diferentes gobernadores. Además, señaló que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández requirieron estudios de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, enfatizando que las decisiones técnicas se mezclaron con motivos políticos. «Los laudos son laudos, son cuestiones técnicas», afirmó el senador, subrayando la importancia de mantener la claridad entre decisiones políticas y técnicas.
El senador Félix González del Partido Justicialista abrió el debate con una crítica severa sobre la falta de acuerdos y la incapacidad de diálogo de la política mendocina. Además destacó que Mendoza ha perdido la capacidad de discusión y consenso necesario para impulsar obras como Portezuelo del Viento, debido a la falta de negociaciones y acuerdos con otras provincias. El legislador justicialista también cuestionó el criterio de repago impuesto a los proyectos, argumentando que muchos no tienen una capacidad inmediata de repago. Según él, este enfoque limita las posibilidades de desarrollo de obras importantes para la Provincia.
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De dónde vienen los fondos de Portezuelo del Viento
La promoción industrial aplicada en los años 90 discriminó a Mendoza, llevándola a demandar al Estado Nacional en 1998. En 2006, la Nación reconoció el reclamo y se comprometió a financiar la obra de Portezuelo del Viento. En 2018, un laudo fue favorable a Mendoza y en 2019 se autorizó cancelar la deuda de 1023 millones de dólares mediante la emisión de letras. Sin embargo, en 2022, el presidente Alberto Fernández ordenó revisar los estudios técnicos, a pedido de la provincia de La Pampa, que exigía una nueva Declaración de Impacto Ambienta, lo que perjudicó el avance del proyecto.