El ex ministro de Economía y Producción de la Nación y también ex candidato a presidente, Roberto Lavagna, pidió este domingo «eliminar los enganches automáticos» en los aumentos de sueldos, luego de la polémica que se generó por el incremento de casi el 50% que recibieron el Presidente y los altos cargos del Poder Ejecutivo, pocos días después de otro que percibieron los diputados y senadores.
«Veo discusiones, chicanas incluidas, sobre aumentos de salarios en la capa superior de funcionarios. Quizás es momento de ELIMINAR LOS ‘ENGANCHES’ automáticos, hoy generalizados, y disponer que cada aumento a una categoría o escala responda a una valorización absoluta y relativa», escribió Lavagna en su cuenta de X (antes Twitter). Se trata del primer mensaje que publica en la red social desde noviembre del año pasado.
El escándalo se desató luego de una denuncia en redes sociales de la diputada Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, que el Presidente, los ministros, los secretarios y los subsecretarios se subieron por decreto los sueldos «un 48% entre enero y febrero».
En una primera instancia, desde el Gobierno trataron de relativizar el aumento y lo vincularon a «un error contable» generado por la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que comenzó a regir en octubre del año pasado y que exceptuó a los funcionarios de alto rango de la suba de diciembre.
Según la versión del oficialismo cuando se liquidaron los primeros sueldos durante la gestión de Milei se dio que un secretario terminaba ganando menos que un director. «Lo que se hizo fue compensar ese error contable», justificaron desde la Casa Rosada.
Pero Milei apuntó directamente a «un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública«. Con ese antecedente, según explicó el mandatario, «se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno».
Ese decreto, el 799/2010, establecía una escala ascendente de retribuciones para las autoridades superiores del Gobierno y enganchaba esos salarios a la paritaria de los trabajadores del Estado.
El nuevo decreto que encendió la polémica, denunciado por Tolosa Paz, y que determinó el aumento de casi el 50% de los sueldos, el 206/2024, llevó las firmas de Milei, de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En concreto, los sueldos de los secretarios de Estado se incrementaron a partir de ese decreto, que firmó el Presidente con fecha 29 de febrero, mediante el cual se autorizó un alza del 12 % en febrero para los cargos jerárquicos producto de la paritaria del empleo público, pero también se sumó un 14 % otorgado a los estatales en diciembre y que no se aplicó en enero para esos cargos. Para completar, en el mes de febrero se incrementó la base general de cálculo de las remuneraciones del SINEP en un 16%, que también se trasladó a los haberes de los ministros.
De esa manera, el Presidente cobró un sueldo de $ 4.068.738,23 en enero, mientras que en febrero pasó a ser de $ 6.025.801,32. Por su parte Villarruel, la vice, percibió $ 3.767.339,40 en enero y en febrero aumentó a $ 5.579.429,66. Esto marca un incremento promedio de unos $ 2 millones entre un mes y otro.
En el caso de los ministros, el haber de enero fue de $ 3.584.006 y pasó luego a $ 5.311.463,77, mientras que los secretarios recibieron $ 3.282.709,47 y $ 4.864.945,09, respectivamente.
Cristina salió a responderle a Milei por las redes a partir de una nota publicada por Clarín. «Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?«, retrucó la ex Presidenta. «Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue», completó Cristina en un tiro por elevación contra Alberto Fernández, que por el escándalo de los seguros de la ANSeS, responsabilizó a su secretaria.
En una tarde de ida y vuelta, Milei le devolvió el mensaje a Cristina y por las redes sociales le advirtió que «para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter». El Presidente le dijo que «podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández».
En medio del escándalo, Javier Milei decidió y comunicó que derogaría ese decreto de Cristina Kirchner y anularía aquel incremento para el personal jerárquico de la Administración Pública Nacional.
Previamente, en declaraciones a Clarín, el mandatario explicó que se encontró con el aumento en el recibo de sueldo y adelantó que daría marcha atrás con las subas que lo alcanzaban a él y a todos los funcionarios que trabajan bajo su órbita en el Poder Ejecutivo.
«Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido», dijo Milei.
La polémica se había iniciado mucho antes, cuando en la semana se supo que los diputados y senadores se aumentaron los sueldos un 30 % a partir de la denominada «Ley de Enganche», que se aplica desde 2011, y que les permitió a los legisladores adherir al acuerdo paritario que Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como responsable de Diputados, firmaron en febrero para los empleados del Congreso.
De esta manera, los diputados pasaron a cobrar por el mes de febrero un importe neto de $ 2.174.887, a lo que hay que agregar lo que se percibe por desarraigo que llegó a $464.090,29. Mientras que en enero, las dietas estuvieron en $ 1.699.000 y $ 323.789,25, por desarraigo.
Frente a esta noticia, Milei pidió explicaciones a Menem y Villarruel, pero la vicepresidenta, con el apoyo de los senadores, se resiste a congelar los salarios, mientras que el presidente de la Cámara Baja se hizo eco de la orden del Presidente de dar marcha atrás con la medida.