Tras el duro cruce tuitero entre Javier Milei y Cristina Kirchner, el Gobierno oficializó esta madrugada el decreto que anula el aumento salarial de febrero a los altos funcionarios del Ejecutivo. Lo que aún está en análisis es si finalmente habrá un descuento al personal jerárquico beneficiado porque esos montos «fueron declarados» y afectados por distintas percepciones, como Ganancias.
El texto publicado indica indica en su artículo 1°, que quedó “derogado el Decreto N° 206 del 28 de febrero de 2024” y que la medida rige “a partir del 1° de febrero de 2024″, en alusión a la normativa firmada por el propio Presidente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; que había autorizado aumentos del 12% y una compensación por Ganancias, que en total gatillaron una suba del 48% de los salarios del personal de alto rango de la administración pública.
El nuevo decreto establece, además, que “se fijen las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo nacional, incluidas las comprendidas en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716 / 92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07 y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, conforme los montos vigentes al 31 de diciembre de 2023”. Es decir, inhibe cualquier ajuste en los ingresos del personal jerárquico. Pero al cierre de esta edición no había confirmación que se fueran a descontar los montos extras percibidos a principios de marzo.
Casi en simultáneo la «Oficina del Presidente» confirmó también que «a través del Decreto 235/2024 se derogó la normativa establecida por Cristina Fernández de Kirchner que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios». Es que en el oficialismo intentaron mitigar la polémica del último sábado aduciendo que las subas en los ingresos del Presidente, la Vice y los secretarios de Estado se produjeron «en forma automática» por ésta normativa pero obviaron mencionar que en enero pasado esos ajustes «no se extendieron» al personal jerárquico por una resolución de Jefatura de Gabinete.
La cuestión es que los recientes aumentos en los ingresos del alto funcionariado pegaron de lleno en un oficialismo embanderado en la lucha contra «los beneficios de la casta» y a favor de una política de austeridad para reducir los gastos del Estado.
El ministro Guillermo Francos (Interior) reconoció este domingo que estas subas fueron «un error material que ha habido ahí, de alguien que no ha percibido que esto alcanzaba también a los funcionarios de alto nivel, y que el Presidente había dicho que no iban a tener incremento». Pero el problema es que el decreto que los autorizó lleva la firma del propio jefe de Estado.
«Si el presidente entregó token y contraseña para que alguien firme por él, es responsable. Si firmó por sí mismo sin conocer el contenido del decreto, es responsable (ídem los ministros que refrendaron)«, azuzó Vilma Ibarra, ex titular de Legal y Técnica, en su perfil de X.
Hasta el gobernador Axel Kicillof se metió en la polémica y consideró, en declaraciones a radio Con Vos, que «fue un papelón involucrar a Cristina, una respuesta que sus expertos en redes le deben haber recomendado: ‘Echale la culpa a otro'».
Los cruces con Cristina no sólo encendieron el tono del Presidente en su cuenta de X sino que en el atardecer del sábado en Olivos habría pedido explicaciones a Posse. Luego los pases de factura habrían llegado hasta el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo. Finalmente casi pasada la medianoche el propio jefe de Estado intentó salir del brete al hacer pública la anulación de los aumentos y al preguntar a la expresidenta si estaba de acuerdo en que le «anulara la jubilación de privilegio» de $14 millones y, de esta forma, pasara a cobrar «la mínima».
El nerviosismo en lo más alto del Gobierno tiene una razón de ser: cualquier aumento del alto funcionariado podría irritar a sectores de la sociedad que afrontan una brutal caída de los ingresos a causa del fogonazo inflacionario. Además, la polémica surgió luego que el propio Milei le pidiera a diputados y senadores que dieran marcha atrás con el ajuste en sus dietas de casi el 30%.
Si bien Martín Menem estaría dispuesto a retrotraer las subas en Diputados, Victoria Villarruel no acompañaría esta enmienda para no «irritar» a los bloques opositores del Senado que no acuerdan con ese gesto de austeridad. Es que, de confirmarse la marcha atrás del ajuste del 28% que ya cobraron con los salarios de febrero, un secretario parlamentario pasaría a ganar más que un senador porque el primero goza de extras como antigüedad y plus por título. Este martes, en labor parlamentaria de la Cámara alta, se definiría la vigencia del ajuste en las dietas.