El presidente Javier Milei fue aceptado como querellante en la causa judicial que investiga a una posible red de espionaje ilegal que hackeó el teléfono de ministros de la Corte Suprema de Justicia y jueces federales que investigaron y condenaron a Cristina Kirchner.
Milei es uno de los cientos de políticos, periodistas y hombres públicos cuyos datos personales estaban archivados en distintos dispositivos electrónicos secuestrados por la justicia al expolicía federal y espía inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Ariel Zanchetta, detenido desde junio pasado.
Según publicó Infobae y confirmó Clarín, en uno de los teléfonos de Zanchetta había capturas de pantalla de las bases de datos de AFIP y ANSES con datos de Milei y de su hermana Karina. Según había establecido el fiscal Gerardo Pollicita cuando estuvo al frente de la investigación, el espía tenía archivos con datos de casi 1.200 personas.
Como víctima de esa intromisión, el presidente solicitó ser incorporado al expediente como querellante, y ya fue aceptado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El caso, que comenzó con varias investigaciones paralelas respecto de los hackeos a las líneas telefónicas del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el diputado Diego Santilli y el juez que integró el Tribunal que condenó a Cristina en el caso Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu. En otro expediente se analizaban intromisiones a los aparatos de los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y los jueces de la Casación Federal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Esas líneas se cruzaron en El Dorado, Misiones, donde se comprobó que el joven hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro había pinchado varios de esos teléfonos. Entre las conexiones y contactos de Nuñes Pinheiro estaba el expolicía Zanchetta, a quien le encontraron una fabulosa biblioteca de datos prohibidos cuando allanaron su domicilio en la ciudad de Junín.
Una mega red de espionaje ilegal
Ese hallazgo llevó la investigación a otra dimensión, y terminó con la unificación de los distintos expedientes en manos de Martínez de Giorgi y Pollicita, quien terminó alejándose del caso a fines de año porque al convertirse en una mega investigación quedó imputado el diputado ultra K y ex espía Rodolfo Tailhade, con quien Pollicita tenía denuncias mutuas.
Es que el análisis de los dispositivos de Zanchetta reveló contactos y envío de información a Tailhade, uno de los principales impulsores del ahora fallido proceso de juicio político a todos los integrantes de la Corte durante el cual se utilizó información personal de dudoso origen legal.
Otro de los contactos de los receptores de los datos ilegales que obtenía y acumulaba Zanchetta era el entonces directivo de la AFIP y ex jefe de la agencia Telam Fabián «Conu» Rodríguez, un alto referente de La Cámpora que ahora también está imputado en la causa.
El último episodio en la causa es la pelea entre el juez y el fiscal que ahora quedó en el caso, Carlos Stornelli, justamente por el acceso total al contenido de los dispositivos secuestrados a Zanchetta, colmados de información e imágenes privadas. Martínez de Giorgi tiene la difícil tarea de avanzar en la investigación sin violar la intimidad de los espiados por el expolicía, regulando la entrega de información a las partes según su involucramiento personal.
Pero esas prevenciones no podrían extenderse al fiscal, tal como ya estableció la Cámara Federal porteña en un incidente de reclamo de Stornelli para poder avanza con su trabajo.
Según el mismo principio, los abogados de Javier Milei -Diego Spagnuolo, Francisco Onetto y Roberto Rallin- deberían haberse llevado copias de la información almacenada en los dispositivos de Zanchetta referida solamente al presidente de la Nación.