El desmanejo de los planes sociales durante el kirchnerismo sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que una investigación revelará que 9.413 personas que trabajaban de empleados públicos cobraban también el Potenciar Trabajo, programa que dependía del extinto Ministerio de Desarrollo Social.
La revelación se suma a otras anteriores y surge a partir de un informe preliminar del fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la investigación global sobre las irregularidades del programa que el Gobierno acaba de eliminar para reconvertirlo en otros dos planes sociales específicos.
De las 9.413 personas relevadas, el Ministerio de Capital Humano ya dio de baja a 4.588, mientras analiza los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Las incompatibilidades, consideran fuentes del caso, revelan un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
Según el estudio judicial, se trata de un desfalco al Estado nacional estimado en $ 7.000 millones por mes; es decir, el equivalente a $ 84.0000 millones en un año. La causa está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública” y no incluye los costos que representan percepciones extras cobradas, como bonos y aguinaldos que recibieron los beneficiarios.
El fiscal federal Guillermo Marijuan. Foto: Maxi Failla.De acuerdo a la investigación de Marijuan, un cuarto de esos beneficios se cobraban en la provincia de Buenos Aires (2.243), mientras que el resto se repartía en todo el país. Tucumán, con 1.135 casos, La Rioja, con 1.060, Jujuy, con 652 y Corrientes, con 550, completaron las cinco provincias con más empleados públicos cobrando Potenciar Trabajo que no le correspondían.
La siguieron Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Las últimas tres provincias tardaron en responder el requerimiento y fueron intimadas dos veces.
No es el primer dato que surge de los informes de Marijuan, quien ya había solicitado a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
Dentro de los principales puntos del Potenciar Trabajo sobresalía que una de las incompatibilidades para recibir el plan era “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social que tenía la ex cartera de Desarrollo Social -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- junto al programa alimentario. No obstante, se trata de un número marginal teniendo en cuenta que en el global los planes que se cobran superan el 1,2 millón de personas.
Además, la semana pasada, el Gobierno dispuso el fin de ese beneficio social. En su reemplazo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció dos nuevos programas: “Volver al Trabajo”, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el de “Acompañamiento Social”, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene como titular a Pablo de la Torre.