En un fallo del 2024, la Justicia determinó la posibilidad de que haya sido un homicidio motivado por la inclinación social del clérigo.
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Víctor Sosa, Lucía García y Raúl Serrano entregaron el petitorio en los Tribunales de Rosario.
A través de la entrega de una carta firmada por 400 personas, una comitiva de allegados del obispo Carlos Horacio Ponce de León reclamó por la investigación para esclarecer el contexto que le provocó la muerte, durante el segundo año de la última dictadura militar en la Argentina.
La misiva fue recibida por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, por parte de la presidenta del tribunal, Silvina Andalaf Casiello. Allí los firmantes reclaman “no continuar agregando dilaciones que favorecen la impunidad” y exigen un nuevo juez subrogante que trate la causa, en un contexto de inestabilidad judicial en el distrito por la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque.
En mayo del 2024, la sala 4 de Casación Penal rechazó el el recurso extraordinario que había presentado la defensa del conductor de la camioneta, Luis Antonio Martínez, que en la ruta impactó contra el coche conducido por el obispo Ponce de León, en la ruta nacional 9 (altura de Ramallo) el 11 de julio de 1977, provocándole la muerte. La sentencia confirmó el fallo de la Cámara de apelaciones de Rosario y habilitó la posibilidad de un nuevo juicio que investigue si se trató de un homicidio motivado por la inclinación social del clérigo.
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El obispo Ponce de León falleció en un accidente automovilístico en 1977.
La Conferencia Episcopal Argentina cuenta con una comisión especial reunir información sobre el contexto en que ocurrió la muerte del obispo, mientras que el fiscal federal Matías Di Lello advirtió que desde julio del 2024 solicitó indagatorias a exmilitares y empresarios -potencialmente involucrados en la causa- que nunca se concretaron.
Lesa humanidad: todavía hay más de 300 causas abiertas
A casi medio siglo del comienzo de la última dictadura (1976-1983), los juicios de lesa humanidad continúan, pero en un contexto adverso. Hay más 300 causas abiertas, pero debido al paso del tiempo cada vez hay más muertes de acusados y víctimas antes de obtener una sentencia. A esto se suma el desmantelamiento de áreas clave por parte del Gobierno. ¿Se acerca el final de estos procesos? Opinan miembros de la Justicia y querellantes.
En la actualidad hay 14 juicios abiertos, 63 causas con elevación a juicio y 258 en instrucción, según un informe de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA) publicado el 20 de marzo pasado. Es decir que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía hay secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés cometidos por la dictadura que no fueron juzgados.
Hoy la situación es compleja. Si bien las causas avanzan, la cantidad de casos que se juzgan es enorme y los recursos son cada vez menores. En las más de 300 causas hay casi un millar de personas investigadas, de las cuales 502 están imputados, 401 procesados y 27 indagados, según datos de PROCULESA.