POLÍTICA
Tras la marcha de choferes y repudio popular, el Concejo Deliberante de Córdoba revisará puntos clave del proyecto
El Concejo Deliberante de Córdoba decidió devolver a la Comisión de Servicios Públicos el proyecto de regulación de plataformas como Uber y Didi.La medida fue tomada tras una masiva protesta de choferes autoconvocados, que denunciaron restricciones excesivas. El tratamiento había sido previsto para después del receso invernal.
El proyecto buscaba establecer un marco legal para las apps de transporte, pero contenía artículos que generaron fuerte rechazo entre los trabajadores. Entre ellos, se incluía un límite a la cantidad de choferes habilitados para operar en la ciudad. La presión social y política obligó al oficialismo a reabrir el debate.
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La regulación comunista
Concejales de la oposición valoraron la decisión del oficialismo de reencauzar el proyecto a una nueva discusión legislativa. Sostienen que el proyecto original contenía puntos restrictivos que dejaban a miles de personas sin posibilidad de trabajar. Remarcaron la importancia de legislar sin cercenar puestos de trabajo y se mostraron optimistas frente a una futura versión mejorada.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto era el cupo de 4.000 conductores habilitados en toda la ciudad. De haberse aprobado,más del 70% de los 20.000 choferes activos quedaban automáticamente fuera del sistema. La medida fue calificada como arbitraria por representantes de las apps y los propios trabajadores.
Concejales afirmaron que desde el oficialismo se comprometieron a revisar ese artículo en particular. Señalaron que no se descarta eliminar el cupo o ampliarlo para que nadie quede excluido sin justificación. También se pedirán informes técnicos para respaldar cualquier criterio de admisión o rechazo.
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En las calles, tensión entre sectores
La discusión sobre las apps de viajes no se limita al ámbito legislativo, sino que se traslada también a las calles. Choferes, taxistas y usuarios se manifiestan de manera cruzada frente al municipio y otros espacios públicos. La escena se repite cada vez que el tema vuelve a la agenda política.
Mientras algunos reclaman libertad para trabajar y elegir, otros exigen igualar para abajo en todo el transporte urbano. En lugar de exigir que se les aliviane la carga burocrática, gremios de remises y taxis, exigen poner más trabas a los trabajadores. Con una mentalidad arcaica, exigen regular a aplicaciones modernas masificadas, con normativas de principios de siglo.
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