A través de un proyecto de ley que tomó estado parlamentario en la última sesión, el legislador Juan Pablo Peirone (Frente Cívico), junto a sus pares de bancada Nancy Almada y Walter Gispert, impulsa la creación de un régimen obligatorio de situación pasiva de efectivos policiales implicados en delitos graves.
La iniciativa del bloque juecista se enmarca en el escándalo más reciente que sacudió a la fuerza por la detención de quien fuera hasta el mes pasado el director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, presunto jefe de una asociación ilícita, de acuerdo a la causa en la que se investiga una red de estafas. Luego, tras las rejas, se conoció su pase a «retiro obligatorio» mediante resolución firmada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
El parlamentario del Frente Cívico planteó que con la sanción de esta ley se busca «la erradicación de privilegios indebidos dentro del funcionamiento de las fuerzas de seguridad de la provincia». ¿A qué se refiere? Según Peirone, el caso del ex jefe de la Caminera puso de manifiesto «una grave contradicción dentro del régimen administrativo actual».
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«Mientras algunos efectivos procesados son pasados a situación pasiva con reducción de haberes, otros, por su rango o vínculos políticos, continúan gozando de beneficios previsionales íntegros, incluso en estado de detención», advirtió el integrante de la bancada juecista en los fundamentos de la iniciativa.
De este modo, el opositor aludió a la «indignación social» que se generó tras revelarse que el ex comisario general Ochoa Roldán continúa percibiendo «una jubilación millonaria» mientras se encuentra bajo proceso penal.
Ante esa situación, Quinteros argumentó hace pocas semanas que «bajo ningún punto de vista podemos tener un director general privado de la libertad manteniendo su cargo en situación pasiva. Hay que pasarlo al retiro inmediatamente«. En el caso de que la Justicia lo condene y fuese exonerado perderá el derecho a seguir cobrando la jubilación.
Justamente, Peirone hizo foco en que Ochoa Roldán no fue sancionado con exoneración. “Accedió al retiro con beneficio jubilatorio a pesar de estar imputado por un delito grave vinculado al ejercicio de su función. Nosotros consideramos que esta decisión fue un mensaje de impunidad institucional”, cuestionó.
En esa línea, el legislador opositor remarcó: «Acá hay una falla en el sistema disciplinario y de control interno, que permitió que un agente imputado no solo no fuera exonerado, sino que se retirara con privilegios previsionales«.
“Esta es una de las razones por las que se impulsa el proyecto de situación pasiva obligatoria, como herramienta preventiva antes del retiro definitivo, evitando que estos casos se repitan», declaró Peirone a Perfil Córdoba.
Qué dice el proyecto
La iniciativa opositora, que ya tomó estado parlamentario y fue girada para su estudio a las comisiones de Seguridad y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, establece un régimen obligatorio de situación pasiva automática para efectivos de las fuerzas de seguridad imputados por delitos penales, contravenciones graves o violencia de género.
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La medida no prejuzga culpabilidad, pero sí garantiza que ningún agente pueda conservar de manera plena los privilegios de su función mientras se investiga su conducta. El autor del proyecto planteó «apartar de manera inmediata a quienes están bajo sospecha fundada».
Asimismo, fija la suspensión de haberes y beneficios jubilatorios durante la vigencia del proceso judicial, con posibilidad de restitución en caso de absolución o sobreseimiento, y pérdida definitiva si la sentencia es condenatoria con inhabilitación o exoneración.
“No se trata de prejuzgar, se trata de proteger a la ciudadanía, proteger la institucionalidad y también proteger a los buenos policías que cumplen con su deber con compromiso y respeto por la ley”, fundamentó el parlamentario.
“El uniforme y el arma son símbolos de autoridad estatal. No puede haber ambigüedad, un policía imputado por gatillo fácil, torturas, violencia institucional o corrupción no puede seguir operando como si nada pasara. El Estado no puede dar ese mensaje”, completó el juecista.